Impago de pension de alimentos via penal

Impago de pension de alimentos via penal

Separación judicial: cómo funciona (explicado)

Según la ley (art. 5, l. nº 898/70), el juez debe ordenar a uno de los cónyuges que proporcione al otro una asignación a intervalos regulares, cuando éste no disponga de medios suficientes o no pueda proporcionárselos por razones objetivas.

El Código Penal establece que el cónyuge que eluda la obligación de pagar cualquier prestación debida en caso de disolución del matrimonio puede ser condenado a una pena de prisión de hasta un año o a una multa de hasta 1.032 euros.

Incluso si se activa la hipótesis penal, lo que ocurre cuando el ex cónyuge elude voluntariamente la obligación, el Tribunal Supremo de Casación (Tribunal de Casación, sentencia nº 22398 de 8 de junio de 2022) ha dictaminado que la pena no tiene que ser necesariamente de prisión.

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El cónyuge cohabitante tiene una obligación de manutención con respecto a los hijos menores a cargo del otro cónyuge (hijastros) traídos por éste al hogar común con el consentimiento del cónyuge que presta la manutención (artículo 4:198(1) del Código Civil).

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Los hijastros tienen una obligación de manutención hacia su padrastro o madrastra dependiente si éstos se han hecho cargo de su manutención durante un largo periodo de tiempo (artículo 4:199(1) del Código Civil).

Los hijos adoptivos tienen una obligación de manutención hacia la persona que ha atendido sus necesidades como conviviente durante un periodo prolongado de tiempo sin reclamar una compensación económica y que no es su padre o madre biológica o adoptiva o su padrastro o madrastra (artículo 4:199(2) del Código Civil).

En el caso de los menores, se entiende por “obligación de alimentos” el derecho y el deber del progenitor de satisfacer las necesidades del niño en el seno de la familia, de educarlo y de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y moral -en particular, el alojamiento, la alimentación y el vestido-, así como su acceso a la educación y a la atención sanitaria.

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En cambio, el cónyuge divorciado no tiene ninguna obligación penalmente punible de prestar asistencia material y moral al otro cónyuge, aparte de la posible obligación civil relativa a la prestación de divorcio.

Por último, la jurisprudencia ha establecido la total autonomía entre la norma en cuestión y el delito contemplado en el artículo 12 sexies de la Ley nº 898/1970, dado que la disposición especial no exige un estado de necesidad, además de que presupone una sentencia de divorcio y una resolución del juez sobre la pensión alimenticia.

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Existe una concurrencia formal heterogénea, y no una relación de consumo, entre el delito previsto en el artículo 12-sexies, de la Ley nº 898 de 1 de diciembre de 1970 (ahora transfundido en el artículo 570-bis del código penal), y el previsto en el artículo 570, párrafo segundo, nº 2, del código penal, ya que el artículo. 12-sexies otorga protección penal al incumplimiento de la obligación de carácter económico impuesta por el tribunal civil, mientras que el art. 570, párrafo segundo, nº 2 del código penal preserva el interés en garantizar al menor los medios de subsistencia, cuando su falta determina el estado de necesidad. (Rechazado, Tribunal de Apelación de Turín, 05/02/2021)

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Las penas por el impago de la manutención de los hijos van desde la prisión de hasta un año o una multa de entre 103 y 1.032 euros para el cónyuge que incumpla las obligaciones de manutención familiar.

Por lo tanto, la pensión de alimentos de los hijos debe pagarse siempre, ya que protege y garantiza la supervivencia de los hijos, su educación y crianza, y por ello, el progenitor con el que el hijo vive habitualmente tiene derecho a recibir la pensión mensual incluso cuando el hijo pasa un periodo de vacaciones con el otro progenitor no custodio, como por ejemplo durante las vacaciones escolares.

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El trabajador que actúa para obtener una clasificación en un nivel superior tiene la carga de alegar y probar los elementos en los que se basa su pretensión y, en particular, de precisar el contenido de las funciones que efectivamente realiza, comparándolas con los perfiles que caracterizan, por una parte, las funciones de la cualificación superior reclamada y, por otra, la cualificación inferior reconocida por su empresario.

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